La videovigilancia ya no es un servicio exclusivo de las empresas de seguridad p

martes, 12 de enero de 2010

La entrada en vigor de la Ley Ómnibus, el pasado 27 de diciembre, liberaliza el sector de la seguridad privada y permite que particulares y empresas, no pertenecientes al sector de la seguridad privada, puedan vender, entregar, instalar y mantener sistemas de videovigilancia.

Esta liberalización tiene un único requisito, que la instalación de uno de estos sistemas no implique una conexión con centrales de alarma. De ser así, se mantienen los requisitos que existían antes de la aprobación de la ley, es decir, que el servicio lo realicen, sólo, empresas autorizadas por el Ministerio de Interior, al que se le notificaba después el contrato.
La nueva ley también suprime la obligación de notificar los contratos a Interior, aunque eso sí, las imágenes deberán tratarse según marca la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: informar de que es una zona videovigilada con carteles y/o impresos; inscribir los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos y la implantación de medidas de seguridad. Además, las imágenes captadas deben ser las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida.

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